A los nuevos electos del nacionalismo catalán para el Parlamento Europeo no les ha sentado muy bién que se les rechace la entrada en la institución.  Esto sucedió ayer miércoles, cuando Carles Puigdemont y Toni Comín intentaron acceder al Parlamento europeo a recoger una acreditación provisional que suele entregarse a los nuevos eurodiputados como trámite hasta que consigan de sus gobiernos la acreditación definitiva.  Sin embargo, ante las (fundadas) sospechas de que el Gobierno Español no llegaría a conceder su acreditación a los fugados dado que se les detendría al pisar suelo español, se les negó tal cortesía, de la que seguramente ya planeaban alerdear como si de una victoria se tratase del europeismo sobre la "vil" España.

Sin embargo, el cauteloso proceder de los funcionarios del Parlamento Europeo (totalmente justificable, ya que la eurocámara ya negó al expresident la autorización para asistir a un evento por motivos de seguridad) ha estropeado el pequeño triunfo que tanto Puigdemont como su abogado, el polémico Gonzalo Boye (que cumplió condena por colaborar con ETA en el secuestro de Emiliano Revilla) contaban con atribuirse, y eso ha provocado estas temperamentales declaraciones contra la Unión Europea.

Como han indicado repetidas veces los servicios jurídicos del Parlamento Europeo, para ejercer las funciones como europarlamentario no hay más alternativa que acudir a Madrid, cumplir la ley española y jurar la constitución.

No es la primera vez que el Expresidente huido cuestiona la institución europea cuando no le da la razón.  Conocida es la vez en la que afirmó ante los medios europeos que "tal vez, los catalanes deberían poder decidir si desean o no pertenecer a esta Unión Europea".

Cada vez que Puigdemont ha dicho a los eurodiputados que en España queda un poso franquista, por increible que pueda parecer, los interlocutores al menos le han escuchado, ya que es una afirmación que muchos no pueden verificar, pero las actuales afirmaciones de que es la propia Europa la que está siendo engullida por 'valores franquistas' puede suponer la constatación de la poca credibilidad de las acusaciones del inquilino de Waterloo.