El pasado jueves y viernes un operativo de los Mossos d'Esquadra detuvo en el Maresme (Barcelona) a siete ciudadanos catalanes integrantes del grupo "justicieros nocturnos" por retirar simbología política del espacio público y depositarla ante la puerta del alcalde, en una actividad de limpieza que no para de extenderse por la geografía catalana. Estas personas fueron trasladadas de Barcelona a Girona para ser encarceladas durante tres días y tres noches por una acción que según las leyes vigentes no constituye delito, ni tan siquiera falta leve, pero que ha sido objeto de un seguimiento y persecución similares a los que podrían llevarse a cabo en el contexto de un operativo anti Jihadista.

No es la primera vez que la policía autonómica catalana lleva a cabo intervenciones siguiendo consignas políticas, pero si es la primera vez que lo hace tan a las claras, deteniendo gente por retirar símbolos independentistas mientras quienes les mandan usan a funcionarios públicos pagados por todos para colocarlos y para retirar símbolos constitucionalistas, pues desde hace algunos años son los propios funcionarios públicos de los ayuntamientos los que colocan tanto lazos amarillos como banderas esteladas siguiendo las órdenes de sus alcaldes. Y cabe recordar también que en municipios como Barcelona cada vez que se produce el caso contrario, es decir, cada vez que son los ciudadanos constitucionalistas los que realizan pegadas masivas de banderas españolas han sido los propios efectivos municipales los encargados de limpiarlas siguiendo instrucciones precisas de no tocar los símbolos nacionalistas. Cuando esto ha sucedido el consistorio barcelonés ha movilizado en tiempo récord no solo a empleados de limpieza sino a cualquier otro colectivo disponible como por ejemplo a los interventores del tranvía urbano 'trambaix', a los que se ha apartado de sus funciones hasta eliminar la simbología 'discrepante', según ha podido conocer este medio.  

En esta ocasión sin embargo el "escarmiento" ha sido ejemplarizante. Los catalanes que se reunieron para limpiar espacios públicos de simbología política no llevaron a cabo ninguna acción que mereciese detención, pero fueron retenidos el tiempo máximo que permite la ley (72 horas), sin respetar las solicitudes de Habeas Corpus presentadas por dos de los detenidos.  Recordemos que el Habeas Corpus es una garantía jurídica que obliga a que toda persona detenida se la presente en un plazo preventivo determinado ante el juez de instrucción, quien podría ordenar la libertad inmediata del detenido si no encontrara motivo suficiente de arresto, por tanto esta figura jurídica sirve para evitar arrestos y detenciones arbitrarias y asegura los derechos del detenido a ser escuchado y a conocer los cargos contra él.  Negar este derecho es negar un derecho fundamental, cosa que los agentes han hecho de forma flagrante. Además, pese a que los siete detenidos los fueron en el Maresme (Barcelona) y por actos presuntamente cometidos en esa zona, se les trasladó sin un motivo justificable a un municipio de Girona en una zona en la que el nacionalismo tiene mucha más presencia y, por consiguiente, el previsible apoyo popular podría ser menor, pese a lo cual cientos de personas se desplazaron para mostrar su apoyo a los detenidos entre gritos y abucheos de los nacionalistas que fueron a boicotear sus esfuerzos.  La gente concentrada lanzó consignas como "ahora sí hay presos políticos" o "ha empezado la caza de brujas", y contó con el apoyo de la plataforma por Tabarnia.

Las condiciones de la detención fueron asimismo anómalas.  Se engañó a los detenidos diciéndoles que podrían agilizar los trámites y quedar antes en libertad si aceptaban determinadas condiciones, como por ejemplo un abogado de oficio. Se les conminó a autorizar el volcado de los datos de sus teléfonos móviles, lo que de facto permitiría a los Mossos d’Esquadra localizar a otras personas de ideología afín. Para mantener su aislamiento se llegó a decir a una madre que había viajado desde Barcelona para poder ver a su hijo detenido que este no quería verla.  Sin embargo los siete detenidos se acogieron a su derecho a no declarar.

Ya hace algún tiempo que numerosos efectivos de los Mossos d’Esquadra han criticado abiertamente la politización de su organización, que se hace más evidente cuanto más se sube en el escalafón. Muchos de ellos incluso denominan al servicio de asuntos internos del cuerpo “Genestapo” por su persecución de agente no afines. Esta politización de los cuerpos y fuerzas de seguridad ha ido in crescendo durante los últimos meses, dándose casos como los del Jefe de la policía local de Capellades, que ha llegado a realizar una huelga de hambre debido al acoso y presiones recibidas por oponerse a que su ayuntamiento realizase vigilancias ilegales a personas que precisamente limpiaban los espacios públicos de plásticos amarillos.

Los Mossos d'Esquadra han actuado en numerosas ocasiones de forma política, siempre disimulando las cazas de brujas bajo el epígrafe de delitos tipificables, pero esta es la primera ocasión en la que las acusaciones ("ataque a los derechos fundamentales" por limpiar símbolos políticos colocados de forma totalitaria en los espacios públicos) no se sostienen por ningún lado.  Los mossos ya actúan como policía política, sin cortapisas ni disimulos.