Artur Mas lleva unos meses preparando su retorno a la primera línea de la política catalana en cuanto expire su inhabilitación por la consulta ilegal del 9-N. Sin embargo es posible que sus aspiraciones tengan que enfrentarse a contratiempos mayores de los que esperaba.
Porque las investigaciones de las tramas de corrupción de Convergéncia (el actual PDECAT) han sacado a la luz una subtrama de financiación ilegal de la campaña que llevó a Artur Mas a la presidencia de la Generalitat. Según la información hecha pública por El Periódico, dicha campaña se financió con dinero público del contribuyente, y para blanquear dicha financiación ilegal se utilizó a TV3, la televisión pública catalana, mediante la elaboración de contratos en los que se facturaban trabajos jamás realizados, a través de los cuales se pagaban presuntamente las deudas del partido de Artur Mas con los organizadores de su campaña.
En el curso de la investigación ha sido imputado el entonces gerente de TV3, Oriol Carbó, por el pago de 750.000 euros para los actos de la campaña de Mas. Según el auto del juez José de La Mata, dentro de la macrocausa del caso 3%, los pagos se habrían efectuado a través de la productora Triacom, perteneciente a Carbó, y siguiendo "Instrucciones específicas de Germà Gordó" para enmascarar los pagos como trabajos realizados para la CCMA (Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals).
Aunque son numerosos los casos de corrupción que salpican la trayectoria de Convergencia (e incluso empiezan a aparecer algunos casos que ya afectan a su nueva marca, el PDECAT), esta última información afecta directamente a la legitimidad política de Artur Mas, quien pretende volver liderar su partido para erigirse en salvador del mismo centroderecha catalanista que logró desmantelar.
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